Tras detectar que una red delictiva operaba desde las unidades penales de Junín suplantando su identidad, el senador provincial presentó una ley para crear el Sistema de Comunicación Digital Supervisada.

Lo que comenzó como una denuncia penal por suplantación de identidad terminó por destapar una red de estafas que operaba desde el corazón del sistema penitenciario bonaerense. En ese marco, el senador provincial Pablo Petrecca denunció formalmente el uso ilícito de su imagen en perfiles de WhatsApp utilizados para engañar a comerciantes, lo que derivó en una investigación de la DDI Junín que confirmó que los delitos se coordinaban desde las Unidades Penales N° 13 y N° 16.

A raíz de esta experiencia, Petrecca presentó un proyecto de ley que busca derogar el protocolo excepcional de la pandemia (2020) y prohibir de forma definitiva la tenencia de celulares privados dentro de los penales bonaerenses.

El eje de la propuesta legislativa es la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS). El objetivo es que el Estado recupere el control total de las comunicaciones intramuros, eliminando el acceso a internet abierto y redes sociales para los internos.

Puntos clave del proyecto

• Prohibición de dispositivos privados: La tenencia de celulares personales será considerada una falta grave.
• Trazabilidad: Solo se permitirán comunicaciones con contactos previamente autorizados a través de una red cerrada y supervisada.
• Impacto en beneficios: El incumplimiento de estas normas afectará directamente la posibilidad de obtener salidas transitorias o beneficios penitenciarios.

“No se trata de eliminar la comunicación, que es un derecho, sino de ordenarla y ponerla bajo control del Estado“, explicó el senador. La investigación judicial demostró que la falta de regulación actual permitió que organizaciones criminales mantuvieran ramificaciones en Junín y Pergamino, operando con total impunidad desde el encierro.

Con esta iniciativa, Petrecca busca cerrar las grietas del sistema penitenciario y dar una respuesta institucional a una modalidad delictiva, la estafa virtual y la suplantación de identidad, que ha crecido de manera exponencial en toda la provincia de Buenos Aires.