Sociedad Rural cuestiona con dureza la exigencia mensual de datos laborales impulsada en territorio bonaerense

La Sociedad Rural Argentina manifestó su rotundo rechazo a la resolución dictada por la administración del gobernador bonaerense Axel Kicillof, la cual impondrá a los empleadores la obligación de reportar todos los meses datos vinculados al personal y a los salarios mediante una plataforma digital específica.
A través de un comunicado oficial firmado por su presidente, Nicolás Pino, la entidad agropecuaria catalogó la disposición como un retroceso en materia de simplificación administrativa y advirtió que la medida "impone nuevas obligaciones, aumentan los costos laborales y generan mayores cargas administrativas para los empleadores". Asimismo, la institución advirtió que se trata de "más burocracia y controles: un nuevo retroceso para quienes producen y generan empleo".
La normativa en cuestión, impulsada por la cartera laboral provincial dirigida por Walter Correa bajo la resolución 260/2026, implementa el sistema denominado Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos. Desde el propio ministerio defendieron la herramienta al calificarla como un mecanismo moderno, ágil y eficaz para sostener las tareas de fiscalización y control.
El instrumento funcionará como una declaración jurada digital que contemplará detalles sobre las remuneraciones, la jornada laboral, recibos de haberes y comprobantes bancarios. El uso de esta plataforma será de carácter voluntario a partir del próximo mes, pasando a ser un requisito de cumplimiento obligatorio desde enero de 2027 para todas las personas físicas o jurídicas que exploten establecimientos o tengan trabajadores en relación de dependencia dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado en el anexo oficial, el envío de la información deberá completarse todos los meses a mes vencido, con fecha límite hasta el último día hábil posterior al periodo liquidado. Además, el sistema computará de manera automática los retrasos y habilitará posibles penalidades bajo las normativas vigentes, exigiendo además que los datos declarados se archiven por al menos dos años.
Ante este escenario, la conducción ruralista exigió que la administración provincial revea la medida. Desde el sector empresarial señalaron que, si bien es necesario cumplir con las normativas laborales, "esto no puede significar multiplicar trámites, generar controles innecesarios ni trasladar permanentemente nuevas obligaciones al sector privado", en un momento donde se debería priorizar la producción, la inversión y la contratación de personal.
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